El fracaso de una estrategia.
Una investigación de una ONG estadounidense desnuda el fracaso de la
política anti drogas de la DEA en América latina: fue ineficaz para
frenar el consumo y no logró un incremento de precios
Tras la guerra contra el comunismo y antes de la guerra contra el
terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos había declarado la
guerra contra las drogas: en los últimos 25 años, el gasto
norteamericano en esfuerzos de control de drogas en el extranjero
ascendió a 45 mil millones de dólares, según cifras oficiales. El 80
por ciento se destinó a la reducción de cultivos de sustancias
prohibidas y el resto, a prevención o estrategias de reducción de
daños.
La teoría política impulsada por los Estados Unidos -el principal país
de consumo de drogas- tiene una lógica económica. Si se reduce la
oferta, aumentará el precio y disminuirá la demanda. Así, si se ataca
la producción de drogas en América latina, supuestamente bajaría la
cantidad de drogas disponibles y, por ende, subirían los precios,
disminuiría su pureza y se desalentaría el consumo. Pero nada de eso
ocurrió. Mientras el consumo de heroína permanece estable, aumentó el
de cocaína en polvo y el de crack. Y, en los Estados Unidos, la edad
de iniciación en el consumo de sustancias prohibidas descendió
notablemente, siempre según fuentes oficiales. Sin embargo, los
precios de la cocaína y la heroína se encuentran en los niveles más
bajos de la historia .
El libro Drogas y democracia en América Latina, que recoge una
investigación de WOLA (Washington Office on Latin America), una ONG
creada hace 31 años que promueve los derechos humanos, la democracia y
la justicia económica y social en América latina, evidencia el fracaso
de la estrategia norteamericana y sostiene que es hora de que las
autoridades además de ser "duras" contra las drogas, sean
inteligentes.
"La victoria en la guerra contra las drogas está igual de lejos que el
día que se lanzó", consignan las editoras, Coletta A. Youngers y
Eileen Rosin. Sin embargo, los promotores del modelo de reducción de
oferta afirman que los problemas relacionados con la producción y el
consumo de drogas serían mucho más graves sin los actuales programas
antidrogas. Los funcionarios estadounidenses señalan las hectáreas de
coca erradicadas, los laboratorios de cocaína destruidos, las personas
detenidas y la cantidad de drogas incautadas para demostrar el
supuesto éxito de esa estrategia. Sin embargo, no indican si las
tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia la consecución
del objetivo principal de la política norteamericana, que es la
reducción en el uso de drogas en los Estados Unidos, advierten en el
libro. Las dos conclusiones principales de la investigación, que se
presentó hace pocos días en Buenos Aires, son que el modelo que
prioriza la reducción de la oferta no fue eficaz, no funcionó; y que,
además, ha propiciado violaciones a los derechos humanos y el
debilitamiento de la democracia en los países donde se producen y
trafican drogas.
En la investigación participaron 20 analistas de los Estados Unidos,
Brasil -el segundo consumidor de cocaína del mundo-, la Argentina y
Chile, entre otros. El libro incluye análisis de los programas
estadounidenses de asistencia antidrogas destinados a las fuerzas
policiales y militares, y estudios de caso de Bolivia, Colombia,
Ecuador, México, Perú y el Caribe.
Política fallida
De paso por Buenos Aires, Gastón Chiller, representante senior de
Derechos humanos y Seguridad Pública de WOLA, comentó que la
investigación realizada evidencia que "la política de los Estados
Unidos contra la droga ha sido tan ineficaz para reducir el ingreso y
consumo en el país como eficaz para producir daños y afectar las
instituciones democráticas en América latina".
¿A qué daños o efectos colaterales se refiere? A que gracias a la
política norteamericana, hoy las fuerzas armadas tienen mayor
participación en asuntos internos en casi toda región. En algunos
países, se remilitarizó la seguridad, algo que en la Argentina
reaparece siempre que la sociedad se conmueve por una ola delictiva.
Además, se sancionaron en casi todos los países leyes antidroga con
penas altas y restricciones al debido proceso, y los programas de
erradicación forzada (que implican, por ejemplo, la fumigación de
miles de hectáreas de cultivos prohibidos) contribuyeron a importantes
violaciones a los derechos humanos de los sectores más vulnerables de
la población, porque se ataca así al último eslabón de una cadena, que
no es justamente el más poderoso.
El tráfico de drogas, advierte el libro, se parece más a un globo que
a un campo de batalla: al apretar parte del globo, el contenido se
desplaza a otra parte. Y lo mismo pasa con la producción de coca:
cuando se la hace desaparecer en una zona, rápidamente aparece en
otra, ignorando las fronteras nacionales. Los zares de la droga
arrestados son reemplazados inmediatamente por otros y cuando se logra
desorganizar las rutas de narcotráfico mediante intensas campañas de
interdicción, otras rutas son utilizadas.
En el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre
narcotráfico en el exterior, hay una cita que demuestra cómo el
llamado "efecto globo" está afectando o podría afectar a la Argentina:
"En noviembre de 2004, la Policía Federal en Buenos Aires decomisó
32,5 kilogramos de cocaína de un laboratorio manejado por colombianos
e instalado en Buenos Aires. El hecho de que los traficantes de
narcóticos colombianos encuentren bases alternativas de operaciones y
rutas de tránsito para responder al aumento de la presión del Plan
Colombia, puede señalar un nuevo capítulo en la guerra global contra
las drogas".
El comercio de la droga y la violencia que genera tuvieron un impacto
devastador en toda la región en los últimos años. El consumo de
drogas, antiguamente considerado un problema de los países
desarrollados, es ahora un problema endémico, y la delincuencia
violenta asociada con el narcotráfico se intensifica a diario. Por
medio de su poder diplomático y económico, es muy común que los
Estados Unidos dicten lo que deben ser las políticas antidrogas
nacionales de los países del hemisferio, a veces a pesar de la
oposición de importantes sectores de los gobiernos y de la sociedad
civil. Algunos países, especialmente los de la región andina, optan
por cooperar con las políticas antidrogas para evitar sanciones
económicas, comerciales o de otro tipo. Uno de los más poderosos
castigos, destaca el libro, es el proceso anual de certificación, que
niega asistencia y ventajas comerciales a los países que se considera
que no están haciendo lo que corresponde para combatir las drogas.
Este año, Venezuela se sumó a la lista negra luego de que el gobierno
de Hugo Chávez suspendió la actividad de la DEA (Drug Enforcement
Administration) en el país.
El caso argentino
El hecho de que la Argentina no forme parte de los procesos de
certificación, porque no se la considera parte de los "majors" (los
principales países traficantes o productores de drogas), y los datos
que recoge el libro sobre financiamiento y personal de la DEA en
América latina, evidencian que nuestro país está lejos de ser una
prioridad. En 1998 se invirtió en estos programas en territorio
argentino 2.311.000 dólares y, en 2004, el último dato disponible, el
monto ascendió a 2.766.000. En cambio, en el mismo año, sobre un total
de 75.174.000 dólares en América del Sur, se destinaron 18.502.000 a
Bolivia, 5.559.000 a Brasil, 1.403.000 a Chile, 22.784.000 a Colombia,
4.068.000 a Ecuador, 1.359.000 a Paraguay, 14.782.000 a Perú y
3.951.000 a Venezuela. Y, de 238 agentes de la DEA que operan en
Sudamérica, hay nueve en la Argentina desde 2000 y los dos años
anteriores había siete.
El libro de WOLA no propone la legalización de las drogas. Por el
contrario, asume que los daños de la droga son devastadores tanto en
términos sanitarios como de violencia, pero plantea la necesidad de
invertir los recursos de manera más eficaz para evitar que el fenómeno
del narcotráfico siga afectando a las instituciones de América latina.
La meta debería ser reducir la demanda y los daños a la sociedad
generados por el tráfico y uso de las drogas, concluye.
Por Laura Zommer
